La reciente clausura de restaurantes en el corazón turístico de Puebla, entre ellos el emblemático Vittorio’s, ha detonado una ola de reclamos empresariales y reavivado un viejo debate: ¿la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) protege realmente al consumidor o está castigando con mano excesiva a un sector ya golpeado por crisis, inflación e incertidumbre?
Las razones oficiales para suspender actividades suenan simples, hasta insignificantes: no poner el símbolo de pesos en el ticket, listar “fritanga picante” en lugar de “chilaquiles” y no incluir en la carta una bebida con agua mineral, limón y sal. ¿Merece un negocio de 45 años ser clausurado por eso, en plena temporada alta? La respuesta no es tan fácil como parece.
Vittorio’s no es cualquier restaurante. Fundado el 31 de enero de 1980, se ha mantenido por más de cuatro décadas como uno de los referentes gastronómicos del Centro Histórico de Puebla, ubicado en el Portal Morelos, justo frente al Zócalo y la Catedral. Es un clásico que ha visto pasar generaciones de familias poblanas y turistas nacionales e internacionales. Su mezcla de cocina italiana y poblana lo convirtió en símbolo de identidad urbana. No es una fonda improvisada. Es una empresa con nombre, empleados, arraigo y memoria.
La Profeco, como toda institución, tiene la obligación de hacer valer la ley. Y la Ley Federal de Protección al Consumidor es clara: los precios deben ser visibles, las propinas no pueden ser obligatorias, los productos deben describirse adecuadamente, y se debe emitir factura si el cliente lo solicita. Ignorar esas normas, por mínimas que parezcan, debilita los derechos del consumidor. En ese sentido, actuar con firmeza es su deber.
Pero también es legítimo preguntarse si los métodos están sirviendo al propósito o sembrando miedo. La clausura es una medida extrema. Es la última carta que se juega cuando no hay voluntad de corregir. Lo que ha provocado indignación es que parezca la primera acción, sin diálogo previo, sin advertencia, sin margen de maniobra.
¿Se trata de justicia o de escarmiento?
En un estado donde abundan las fondas sin menús visibles, los mercados sin etiquetado de precios y bares que condicionan la propina con cargos automáticos, parece desproporcionado que un restaurante formal con trayectoria y plantilla laboral estable sea suspendido de inmediato por omisiones administrativas.
¿Dónde queda el principio de proporcionalidad? ¿La sanción es justa o sirve como mensaje ejemplar? ¿Hay línea política o económica detrás de estos operativos? ¿Es rebancha, presión, o simple burocracia sin criterio?
La Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac Puebla) ha hablado fuerte: “terrorismo regulatorio”, “criterios arbitrarios”, “ambiente de incertidumbre”. El enojo es comprensible, pero tampoco puede ser excusa para ignorar las reglas del juego. Ninguna marca es demasiado grande para fallar ni tan tradicional como para estar por encima de la ley.
Pero también es verdad que, cuando una autoridad no escucha peticiones de diálogo (como la mesa solicitada desde junio), pierde legitimidad y da espacio a sospechas. Hoy son los restauranteros; mañana puede ser cualquier otro sector.
La autoridad debe ser firme, sí, pero también justa. El cumplimiento de la ley no puede basarse en el susto, ni en el castigo, sino en la educación, la transparencia y la proporcionalidad.
Si la Profeco quiere defender al consumidor, debe hacerlo con inteligencia, no con torpeza. De lo contrario, terminará afectando al propio consumidor: ese que ya no encuentra opciones abiertas en el Zócalo, ese que ve perder empleos, calidad y oferta por sanciones que pudieron evitarse con una llamada, una advertencia, un oficio.
¿Actúa bien Profeco? En su fondo sí. En su forma, no del todo. No basta con tener la razón legal; también se necesita sentido común, visión y diálogo. Clausurar no es un trofeo: es un fracaso del entendimiento entre autoridad y ciudadanía.
Lo urgente es equilibrar la balanza: ni permisividad total ni garrote punitivo. Lo que se necesita, en estos tiempos de reconstrucción económica, es criterio.
