El Senado de la República aprobó con 69 votos a favor, 27 en contra y 5 abstenciones reformas a la Ley General de Población, con las cuales la CURP (Clave Única de Registro de Población) se convierte en un documento de identidad nacional obligatorio que incluirá datos biométricos: fotografía, huellas digitales y potencialmente, iris o voz.
La CURP biométrica será obligatoria para cualquier trámite público o privado: desde servicios de salud y educación, hasta apertura de cuentas bancarias, trabajos o acceso a subsidios.
El argumento oficial es que se busca “certeza jurídica y eficiencia”, pero especialistas advierten sobre riesgos estructurales graves.
Hackeos recientes exponen vulnerabilidad
México ha enfrentado múltiples ciberataques en los últimos años, que revelan la fragilidad de sus sistemas:
En 2024, el grupo Guacamaya filtró 6 terabytes de datos de la Secretaría de la Defensa Nacional, incluyendo documentos internos.
En noviembre del mismo año, el colectivo RansomHub accedió ilegalmente a más de 300 GB de archivos de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.
En marzo de 2025, la propia presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que su teléfono y correo personal fueron hackeados.
Expertos en ciberseguridad atribuyen estos incidentes a la falta de inversión sostenida en protección digital.
Advierten que una base nacional con datos biométricos sin blindaje técnico ni jurídico podría ser blanco fácil para el crimen organizado, gobiernos extranjeros o abusos internos.
Un sistema sin vigilancia ciudadana
Desde 2023, el INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) se encuentra inoperante por falta de comisionados, lo que ha dejado al país sin un organismo autónomo que supervise el uso de datos personales.
Esta reforma se aprueba, por tanto, en un escenario sin contrapesos legales efectivos ni posibilidad real de apelación ciudadana.
Antecedentes preocupantes en Cuba y Venezuela
Experiencias en América Latina muestran cómo sistemas de identidad centralizados, sin controles externos, pueden convertirse en herramientas de control político:
En Cuba, el carnet de Identidad es obligatorio para todos los ciudadanos y contiene huellas digitales, sin mecanismos independientes de supervisión. Está ligado a un sistema de control del Estado sobre la movilidad y la actividad civil.
En Venezuela, el carnet de la Patria, implementado desde 2016, combina datos personales, consumo, salud y afiliación política. Ha sido utilizado para condicionar el acceso a alimentos, bonos y servicios sociales, y ha sido señalado por organismos internacionales como un mecanismo de control social.
Ambos casos reflejan los riesgos de concentrar la identidad ciudadana en manos del poder ejecutivo, sin instituciones que fiscalicen ni ciudadanos con herramientas legales para defender su privacidad.
La CURP biométrica representa un cambio profundo en la manera en que el Estado identifica a sus ciudadanos, pero sin transparencia, sin protección autónoma y sin reglas claras, puede abrir la puerta al abuso, la vigilancia o la exclusión.
No se trata solo de un nuevo documento. Se trata de quién tiene el poder de decidir qué se hace con tu identidad… y de si alguien podrá ponerle límites.
Renata Vázquez
