En Puebla, como en muchas ciudades mexicanas, la palabra “gentrificación” aún suena lejana, académica, hasta sofisticada. Pero su impacto es tan real como las rentas que se duplican en el Centro Histórico o los vecinos de toda la vida que deben abandonar su barrio porque ya no pueden pagarlo. La modernización mal planeada está reconfigurando el rostro urbano, pero también desarraigando comunidades enteras bajo la promesa de desarrollo.
El fenómeno no es nuevo. Desde hace décadas, con proyectos como el Paseo del Río San Francisco o la restauración del Barrio del Alto, se ha buscado atraer turismo e inversión. Pero el costo social ha sido alto: viviendas transformadas en Airbnbs, espacios culturales sustituidos por cafeterías temáticas, y adultos mayores obligados a migrar a la periferia, donde los servicios escasean y el transporte encarece la vida diaria.
Según investigaciones urbanas de la BUAP y otros institutos, el valor catastral en zonas centrales ha superado a zonas tradicionalmente exclusivas como Angelópolis. Es decir, ya no solo es caro vivir en “las torres” o en Lomas; ahora también lo es rentar en La Luz o comprar en Analco.
No hay números oficiales actualizados, pero las denuncias vecinales se acumulan: en menos de cinco años, rentas que iban de $3,000 a $5,000 han alcanzado hasta $12,000 por mes.
El problema no es el embellecimiento urbano ni la atracción turística. El problema es que se legisla para el visitante, no para el habitante. Se invierte en ciclovías que no conectan a los barrios trabajadores, pero no se garantiza vivienda digna en el centro. Se abren puertas a desarrolladores que lucran con el pasado histórico, pero se cierran puertas a los vecinos que lo habitan.
La gentrificación no es inevitable. Es prevenible, si hay voluntad política y conciencia ciudadana. ¿Qué se puede hacer? Algunas propuestas viables incluyen:
Reservar porcentajes obligatorios de vivienda asequible en toda obra de remodelación urbana en el Centro Histórico.
Regular plataformas como Airbnb, limitando su operación a ciertos periodos del año y cobrando impuestos especiales para financiar vivienda social.
Crear un banco de suelo público, donde el Estado compre propiedades históricas para evitar su privatización excesiva.
Fomentar la participación vecinal en todo proyecto de intervención urbana, con consejos ciudadanos vinculantes.
Legislar para proteger el patrimonio inmaterial, es decir, no solo edificios, sino también tradiciones, usos barriales y redes comunitarias.
Puebla no necesita convertirse en una maqueta de Instagram para visitantes. Necesita preservar su alma. Porque una ciudad sin habitantes no es ciudad, es escenario. Y si el progreso se construye a costa del desarraigo, lo que estamos viendo no es desarrollo: es despojo.
