El presidente de la LXII Legislatura del Congreso local, Pavel Gaspar Ramírez, advirtió sobre el riesgo que representan grupos delictivos que se infiltran o utilizan los movimientos de agricultores para manipularlos y generar inestabilidad política en Puebla.
El legislador sostuvo que la libertad de expresión es un derecho irrenunciable, pero subrayó que debe ejercerse por auténticos productores del campo y no por personajes que buscan encubrir actividades ilícitas.
Su pronunciamiento se dio tras el llamado del gobernador Alejandro Armenta para que la FGR investigue a Antonio Valente Martínez, “El Toñín”, quien —según el mandatario— utiliza la narrativa de agricultor para disfrazar presuntas operaciones de lavado de recursos vinculadas al robo de combustible.
Gaspar insistió en que es inadmisible normalizar la participación pública de personas investigadas por delitos federales y respaldó la exigencia de iniciar una indagatoria contra Martínez, padre de la alcaldesa de Quecholac, Guadalupe Martínez.
“Siempre el apoyo al campo, a los migrantes, a los jóvenes y a los ciudadanos honestos, no a delincuentes que quieran tomar banderas”, afirmó.
Aurelia Navarro
