El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum planteó reformas a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, la cual fue avalada por los diputados y Senadores, regresó al ejecutivo y se encuentra pendiente su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Fue propuesta como una medida para proteger a los ciudadanos, ya que según, en muchos casos, se crean plataformas que imitan páginas institucionales, por lo que el usuario puede caer en el engaño.
Visto así, no habría oposición, sin embargo, como está redactado, de manera tan ambigua, que se puede utilizar en contra de la libertad de expresión.
Existe entonces una línea muy delgada entre proteger a los ciudadanos para evitar que caigan en páginas fraudulentas y la libertad de expresión de los mexicanos. La ley, coloquialmente conocida como “Ley antimemes” puede utilizarse contra la libertad de expresión.
Y es que, a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, se incluyó el artículo 403 bis, el cual no armoniza con la protección de los derechos de la libertad de expresión ni con la propia reforma.
Según la reforma, prevé de uno a cinco años de prisión a quien “utilice, reproduzca, imite o incorpore, a escala comercial, la identidad gráfica institucional, dominios electrónicos o de cualquier documento de carácter oficial perteneciente a cualquier institución pública de los tres órdenes de gobierno para inducir al error o engaño con la intención de cometer un ilícito sobre el origen oficial de una comunicación, documento, plataforma, servicio, sistema informático”.
Existe ambigüedad en la redacción de la ley ya que, por un lado, pretenden frenar las extorsiones de criminales que suplantan páginas de internet para recabar datos de los ciudadanos que entregan engañados.
Esto es una buena intención, pero antes ¿Por qué llegar a acciones reactivas? Es decir, porque no, antes de que criminales, “clonen” páginas gubernamentales no aumentan la seguridad en la red. De esto no se explica ni se dice nada en la propia ley.
Otra ambigüedad, según la ley, siempre y cuando se utilice con una finalidad comercial, es decir, para el lucro en redes sociales, o monetizar, dicen los críticos. Aquí, la mayoría de los “memes” aunque no se hacen con el fin de obtener una retribución económica, si lo difunden en redes sociales. De lo contrario, ¿dónde se expresaría la inconformidad social de los ciudadanos?
Es por ello que, de acuerdo a diversas voces, la “Ley antimemes” limitará la libertad de expresión, aunque el propio gobierno y los legisladores morenistas lo han negado.
Si bien, hasta el momento no se han presentado casos respecto a la prohibición de “memes”, la puerta se encuentra abierta, ya que la ley se puede mal interpretar y recurrir a sesgos en la libertad de expresión. Esto, en un contexto en donde el ciudadano recurre a la crítica de gobernantes e instituciones a través de caricaturas, videos e imágenes.
