Este lunes, el Pleno del Senado discutirá la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, se prevee su aprobación ya que el partido Morena y aliados son mayoría.
El pasado jueves fue aprobada por Comisiones Unidas con 29 votos a favor y nueve en contra, lo hicieron, sin cambiarle una coma, es decir, tal como lo envió la presidenta Claudia Sheinbaum.
La propia presidenta y los morenistas han señalado que la nueva ley en la materia, no pretende censurar, sino rescatar la “dignidad de las personas”, pues, ahora, hay lucro por parte de las empresas de radio y televisión. Pero, lo cierto es que la propia ley, lo confirma, este gobierno busca controlar plataformas digitales y otros medios. ¡Claro!, salvo aquellos que son afines, es decir, no critican al gobierno en turno.
Pero tal como fue avalada por las Comisiones de Radio, TV y Cinematografía, Comunicaciones y Transportes y Estudios Legislativos otorga a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones -creada por la presidenta Claudia Sheinbaum-, la facultad para bloquear plataformas digitales por las autoridades -qué autoridades, no lo especifica-, en caso de “incumplimiento de disposiciones”. También esto, muy ambiguo.
Lo cierto es que el artículo 109 da a la Agencia “la facultad de determinar los procedimientos, parámetros o estándares para realizar bloqueo de plataformas digitales”. En otras palabras, da a la Agencia de Transformación Digital mucho poder para actuar.
Además, faculta a esta institución para retirar o entregar concesiones de radio y televisión, vetar a socios de empresas con frecuencia de uso social o comunitaria. De la misma forma, se propone ofrecer servicio de internet a usuarios finales y la que más ha despertado la inconformidad de los legisladores de oposición, periodistas y organizaciones de la sociedad civil es que podría bloquear una plataforma de internet, ya sea página de internet, cuenta en Facebook, X, Tik-Tok, Youtube o cualquier otra.
Y son las plataformas digitales -páginas de noticias, incluidas-, donde abunda la critica y el análisis de medios de comunicación y periodistas que exponen los actos de corrupción del gobierno actual y del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Mucha de esta información sustentada con pruebas y documentos.
“Los términos actuales de la ley conllevan a riesgos graves para los derechos a la libertad de expresión, la privacidad y la seguridad de las personas, por lo que el Congreso debe actuar con responsabilidad para no aprobar mediante fast track una iniciativa que pueda afectar los derechos humanos de las y los mexicanos”, ha señalado la organización civil Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).
