En la semana, el gobierno de Claudia Sheinbaum a través de la Secretaría de Gobernación, que encabeza Rosa Icela Rodríguez, se reunió con los titulares de Gobierno estatal para la presentación y creación de un “Protocolo tipo” que pretende atender las marchas y protestas sociales en el país. En el comunicado institucional, la dependencia federal resaltó el apoyo que tendrán sin “importar colores partidistas”.
Uno de los antecedentes del protocolo se dio durante el gobierno de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México.
En 2020 creó el “Protocolo de Prevención de Violencias en Manifestaciones” operado por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, con éste se propuso “atender” las marchas y protestas en la capital.
El caso más controversial se dio en el estado de Tabasco, cuando en 2019 el Congreso local aprobó una iniciativa del gobernador Adán Augusto -actual senador de la República- que proponía cárcel contra quienes obstruyeran las vialidades. La iniciativa fue conocida como “Ley Garrote” y condenaba hasta con 20 años de prisión contra las personas que bloquearan calles. La ley estaba destinada para limitar la protesta social. La “Ley Garrote” fue invalidada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 2021.
Así, la secretaria de Gobernación presentó el documento que se mantiene vigente en la capital del país y lo propuso en el marco de la Tercera Sesión 2024 de la Agenda Nacional de Coordinación en Derechos Humanos. Ahora pidió a todos los estados sumarse.
«Los gobiernos cuentan con todo el apoyo del Gobierno de México para realizar su trabajo, sin importar colores partidistas. Hagan todo lo posible por la defensa de los derechos humanos, desde el ámbito de sus atribuciones y competencias», justificó Rodríguez.
Frente a lo anterior se vale preguntar ¿a qué le teme el gobierno de la Cuarta Transformación? ¿Acaso al “pueblo”? ¿será que con la puesta en marcha en el país del Protocolo se busca minimizar la protesta pública? Habrá que recordarle al gobierno actual, y al propio Andrés Manuel López Obrador que protestaron una y otra vez, incluso en 2006, mantuvieron un plantón sobre la Avenida Reforma por varios meses.
En México, en la mayoría de las ocasiones, la protesta pública se ha utilizado frente a la desatención de los gobiernos. Ya sea para demandar obra pública o justicia. Así, organizaciones políticas, asociaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, grupos feministas, padres y madres de personas desaparecidas han recurrido a la protesta pública par hacerse escuchar.
Con un agregado, el gobierno de López Obrador fue de los más “sordos” ante la protesta social. Los defensores de la 4T argumentan que no hay necesidad de protestar, pues se atienden las demandas a través de tarjetas y apoyos directos, pero la realidad es otra, pues miles de ciudadanos no han sido atendidos.
Ahí están las madres buscadoras, que claman justicia y ayuda gubernamental, fueron ignoradas, los familiares de los normalistas de Ayotzinapa, que no encontraron respuesta de López Obrador, grupos feministas y padres, que demandan justicia para sus víctimas, y también las puertas de Palacio fueron cerradas. Padres de niños con cáncer, que no encuentran las medicinas ni terapias en el sistema público de salud y en lugar de apoyo, fueron criticados. Son algunos ejemplos de los mexicanos que han tomado la calle para hacerse escuchar.
El protocolo se presenta en un momento en que la situación del país se encuentra complicado. Violencia en la mayoría de los estados del país, falta de servicios de salud, recortes a educación y grupos vulnerables, inflación, y en general a una vida más cara. Por otro lado, se aprobaron reformas, entre ellas al Poder Judicial, electoral, órganos autónomos, entre otras, que más que satisfacción está generando inconformidad. ¿Será contra todos los mexicanos la dedicatoria del protocolo?
