El coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, rechazó los señalamientos de partidos de oposición sobre una presunta persecución política contra el exalcalde Eduardo Rivera Pérez y sostuvo que la administración estatal no interviene en las investigaciones ni en las resoluciones que emiten las autoridades encargadas de la fiscalización y procuración de justicia.
Cuestionó que se pretenda responsabilizar al Gobierno estatal por la sanción contra el panista y recordó que el Poder Judicial, la Fiscalía y el Congreso cuentan con autonomía.
Aseguró que el gobierno de Alejandro Armenta no tiene injerencia ni participa en los procedimientos que derivan en investigaciones o resoluciones contra exfuncionarios.
García Parra también recordó que durante 2025 el gobernador Alejandro Armenta hizo un llamado público, en distintas ocasiones, a presidentes y expresidentes municipales para que acudieran ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) y atendieran las observaciones pendientes de sus administraciones.
Explicó que, a partir de esta convocatoria, el órgano fiscalizador notificó a exediles y les otorgó un plazo adicional para presentar documentación y solventar las irregularidades señaladas.
Señaló que esta medida tuvo como propósito brindar a los exfuncionarios la oportunidad de aclarar su situación antes de que avanzará el procedimiento administrativo, para evitar que después argumentaran una persecución política.
Añadió que el inicio de un proceso electoral no representa una protección para quienes tengan responsabilidades pendientes en el ejercicio de recursos públicos.
Aurelia Navarro
