Los gobernadores y las gobernadoras firmantes manifestamos públicamente nuestra preocupación por la reiterada Intención de conceder amparos Ilegales e Improcedentes a jueces del Poder Judicial Federal, alejados de sus atribuciones y en violación a preceptos constitucionales fundamentales.
En otras ocasiones hemos expresado denuncias públicas de lo que significaría que jueces y ministros quieran sustituir al Poder Legislativo, pues seria veladamente un golpe antidemocrático la Intención de detener reformas constitucionales consumadas y apegadas a derecho en todas sus etapas.
Ahora que miembros del Poder Judicial Federal ignoran el articulo 61 de la Ley de Amparo, donde claramente establece los casos de improcedencia: «Articulo 61. El juicio de amparo es improcedente: l. Contra adiciones o reformas a la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos.»
Advertimos que, quienes contravienen lo que estipula la ley, ostentando atribuciones que la misma no les concede, la violan flagrantemente. Y aún más: tratándose de personas encargadas de administrar la justicia, dichos actos se convierten en un abuso de autoridad punible.
Además, tales resolutivos de los jueces federales en materia de amparo contra reformas constitucionales no pueden acatarse por ser totalmente violatorios: los actos del poder reformador NO se encuentran sujetos a ninguno de los mecanismos de control jurisdiccional previstos en la Constitución general, mucho menos en su ley orgánica.
Por si fuera poco, los juzgadores se extralimitan al pasar por alto que NO se puede otorgar una suspensión definitiva en contra de la publicación de la reforma al Poder Judicial en el Diario Oficial de la Federación, ni se puede otorgar una medida cautelar en contra de la entrega de las listas de jueces al Senado, porque se trata de hechos consumados.
Nos resulta inconsecuente que el Consejo de la Judicatura no tome cartas en el asunto de inmediato ante los excesos de los jueces federales que violan la Ley de Amparo en su articulo 61 y que, abusando de sus funciones, ordenan acatar sus resoluciones ilegales e improcedentes.
Por lo anterior, exigimos al Consejo de la Judicatura Federal proceder de inmediato contra los jueces que violan la Constitución, las leyes y la normatividad que de ella emanan.
