El coordinador del Gabinete estatal, José Luis García Parra, dejó atrás la posibilidad de negociar con las empresas que mantienen contratos considerados “lesivos” para las finanzas estatales y preparan acciones jurídicas para evitar que continúen los pagos que representan más de mil 500 millones de pesos para el erario.
Advirtió que las autoridades ya identificaron a exservidores públicos que, según la revisión realizada por el gobierno, habrían participado en la construcción jurídica de los contratos relacionados con las plataformas de Audi y el Centro Integral de Servicios (CIS).
Señaló que la administración estatal ya no buscará acuerdos económicos con los empresarios involucrados, sino que recurrirá a las instancias legales para revisar la responsabilidad de quienes intervinieron en la celebración de estos contratos.
“Vamos a continuar con una ruta jurídica. No es de negociación, será una ruta jurídica porque ya identificamos qué exservidores públicos participaron en este entramado legal o esta ingeniería legal para saquear Puebla a través de este contrato”, sostuvo.
García Parra afirmó que el objetivo es evitar que los recursos públicos continúen destinados al pago de obligaciones derivadas de estos contratos, durante el presente ejercicio y en los siguientes años.
Aurelia Navarro
