El conflicto aéreo entre México y Estados Unidos no es menor: la reciente cancelación de 13 vuelos de aerolíneas mexicanas hacia territorio estadounidense exhibe las consecuencias de una política aérea improvisada.
A dos años y medio de inaugurado el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), la decisión de haber sustituido el proyecto de Texcoco no solo dejó una factura económica millonaria, sino también una herida diplomática en materia de aviación civil.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT) notificó la cancelación de 13 rutas solicitadas por aerolíneas mexicanas debido a incumplimientos en los acuerdos bilaterales de conectividad aérea.
En otras palabras, México rompió las reglas del juego al forzar el traslado de operaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) hacia el AIFA sin la debida coordinación técnica y de seguridad que exige la autoridad estadounidense. Lo que se vendió como una medida de “descongestión” se convirtió en una fuente de restricciones.
El problema tiene raíces políticas.
Desde el inicio, el gobierno federal decidió cerrar parcialmente el AICM y presionar a las aerolíneas a operar desde el AIFA, incluso cuando los estudios de mercado, seguridad y logística no respaldaban esa reubicación. Las empresas aceptaron, en algunos casos, más por presión institucional que por viabilidad comercial. Hoy, el costo se refleja en rutas suspendidas, pérdidas de conectividad y desconfianza internacional.
A nivel económico, los números contradicen la narrativa oficial.
La construcción del AIFA costó más de 91 mil millones de pesos, y si se suman los gastos de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco (NAICM) —que la Auditoría Superior de la Federación estimó en más de 331 mil millones de pesos—, el monto total supera los 420 mil millones de pesos, una cifra superior a la inversión original de Texcoco.
A esto se agregan subsidios operativos: el AIFA sigue recibiendo más de mil millones de pesos anuales del presupuesto federal para sostener su funcionamiento.
Además, el flujo real de pasajeros apenas ronda una fracción de los 20 millones que se prometieron, con operaciones limitadas y aerolíneas que dependen de tarifas diferenciadas para compensar la baja demanda.
En términos de planeación aeronáutica, Texcoco estaba diseñado para recibir hasta 100 millones de pasajeros anuales, con tres pistas simultáneas y un modelo de crecimiento escalonado que hubiera permitido convertirlo en el principal hub de América Latina. En cambio, el AIFA opera con un tráfico reducido, una red de acceso vial aún incompleta y una capacidad subutilizada que contradice su supuesta eficiencia.
La cancelación de los 13 vuelos no solo refleja la pérdida de confianza técnica de Estados Unidos, sino también el deterioro de la relación bilateral en materia de seguridad aérea. Washington mantiene estándares estrictos basados en auditorías de la Federal Aviation Administration (FAA), que ya había degradado la calificación de México a categoría 2 en 2021 por deficiencias regulatorias. Aunque se logró recuperar la categoría, las recientes cancelaciones revelan que el problema de fondo sigue siendo la falta de autonomía y profesionalismo en la autoridad aeronáutica mexicana.
El daño más profundo no se mide solo en pesos ni en rutas. Se mide en credibilidad internacional. La aviación, por su naturaleza, es un terreno donde la confianza se gana con cumplimiento técnico, no con discursos patrióticos. El AIFA fue presentado como símbolo de soberanía, pero se ha convertido en ejemplo de cómo una decisión política puede terminar afectando la conectividad, la inversión y la reputación de un país entero.
Cuando un aeropuerto se construye sobre los escombros de otro sin plan ni transparencia, el cielo deja de ser el límite: se convierte en espejo de la tierra.
