El Congreso local analiza reformar la ley para otorgar facultades sancionadoras contra la empresa Agua de Puebla para Todos por deficiencias en la prestación del servicio.
La coordinadora de la bancada de Morena, Laura Artemisa García Chávez, reconoció que actualmente existe un vacío legal que impide al SOAPAP imponer sanciones, por lo que resulta insuficiente cualquier intento por regular el funcionamiento de la concesionaria.
“Hay que ponerle uñas a la ley. El problema es que donde revisemos solo se le pedían cuentas, pero no hay sanciones. Es justo lo que debemos revisar, para que respondan por un derecho que es dotar de agua”, expresó la legisladora.
García Chávez explicó que será a partir de las comparecencias que se realizarán tres veces al año cuando se pueda iniciar un análisis para determinar la viabilidad e importancia de establecer sanciones.
Añadió que, si bien el gobernador Alejandro Armenta Mier ha señalado que revocar la concesión costaría hasta 10 mil millones de pesos, sí existen vías legales para sancionar el incumplimiento.
Aurelia Navarro
