Cuando la lluvia se vuelve castigo y no consuelo, lo que debería ser auxilio termina convertido en autoridad. Las inundaciones recientes en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí no solo desbordaron ríos: desbordaron también la fragilidad del sistema mexicano de protección civil.
El saldo de más de 60 muertos y decenas de desaparecidos no es únicamente producto de la fuerza del agua, sino de la ausencia de un sistema civil de prevención, coordinación y respuesta.
Desde la desaparición del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) en 2020, México enfrenta cada fenómeno climático sin un fondo operativo inmediato ni reglas claras de distribución. Lo que antes era un instrumento técnico para emergencias, se convirtió en un proceso discrecional, centralizado y militarizado.
Del Fonden al vacío administrativo
El argumento oficial para eliminar el Fonden fue la corrupción. Pero, como tantas veces ocurre, en lugar de reformar el sistema, se destruyó la estructura. Hoy no hay recursos disponibles de manera automática, sino autorizaciones presidenciales y censos federales que llegan tarde.
Las comunidades afectadas lo viven en carne propia: los Servidores de la Nación piden credenciales del INE a damnificados que han perdido todo, mientras el Ejército y la Marina bloquean apoyos ciudadanos bajo el argumento de “control logístico”.
Lo que antes se distribuía en 48 horas ahora tarda semanas y lo que antes era responsabilidad técnica de Protección Civil hoy depende de decisiones políticas. El Plan DN-III-E y el Plan Marina, diseñados para rescate y contención, fueron transformados en herramientas de coordinación general, desplazando a las autoridades civiles y municipales.
Una advertencia ignorada
El exdirector de Protección Civil en Puebla, Gustavo Ariza Salvatori, lo sintetizó con precisión en un mensaje publicado en X:
> “La Protección Civil es un sistema civil, humanitario y preventivo.
Las fuerzas armadas son instituciones de seguridad y defensa, no de gestión del riesgo.
En contextos de emergencia, la población debe percibir ayuda, no autoridad.”
Su declaración va más allá de la crítica: es una denuncia de que México está violando su propia Ley General de Protección Civil y los principios del Marco de Sendai 2015-2030, firmado ante la ONU, donde se establece que la gestión del riesgo debe ser civil, imparcial y centrada en las personas.
Al militarizar la ayuda, el país no solo pierde eficiencia, sino neutralidad humanitaria. Los uniformes imponen respeto, pero también distancia. Donde antes había voluntarios, psicólogos y brigadistas, hoy hay órdenes, censos y patrullas. Aunque los soldados actúan con disciplina y entrega, su formación es para el control, no para la reconstrucción emocional ni social.
Del lodo al control
Los municipios, sin recursos ni respaldo, esperan ahora “que llegue el Ejército”, como si la prevención fuera una cuestión de jerarquía y no de ciudadanía. La dependencia operativa señalada por Ariza Salvatori se refleja en comunidades que ya no se preparan, sino que aguardan. La población, en lugar de sentirse acompañada, se siente observada.
El resultado es un sistema que confunde la gestión del riesgo con la imposición del orden. En los hechos, el Estado monopoliza la compasión. Las despensas llegan con filtros, los censos se politizan, y las donaciones privadas son bloqueadas, como ocurrió en el huracán Otis y ahora en las lluvias que devastan la Sierra Norte.
Los zopilotes de la tragedia
En medio del lodo y la pérdida, hay otros rostros que agravan la indignación: los alcaldes zopilotes. En lugar de coordinar la ayuda, la utilizan como propaganda, convirtiendo el dolor en oportunidad electoral.
Entre ellos destacan Carlos Barragán (Xicotepec), Rogelio López (Huauchinango), Freddy Galindo (Jalpan), Víctor Vargas (Francisco Z. Mena), Fabio Becerra (Jopala), Juan Neri (Tlaxco), Marco Valencia (Venustiano Carranza), Petra Morales (Zihuateutla) y Eduardo Romero (Pahuatlán).
Testimonios locales los acusan de condicionar apoyos, manipular listas de damnificados y posar para la foto mientras comunidades enteras siguen aisladas. Son el reflejo más puro del oportunismo político: la miseria moral que se disfraza de ayuda.
La tragedia revela lo que el poder en campaña oculta: los verdaderos liderazgos surgen del corazón del pueblo, no de los despachos. Mientras los zopilotes sobrevuelan el desastre buscando cámara y voto, son los ciudadanos, voluntarios e iglesias quienes sostienen la esperanza con sus propias manos.
El rostro humano detrás del uniforme
México no carece de manos solidarias, sino de confianza institucional. Desde el sismo de 2017 hasta las lluvias de 2025, la ciudadanía ha demostrado una capacidad admirable de organización espontánea. Pero el gobierno teme esa autonomía civil y prefiere controlarla antes que fortalecerla.
Mientras se habla de “ordenar la ayuda”, la gente sigue esperando agua potable, refugios y medicamentos. Los soldados hacen lo que pueden, pero sin recursos ni estructura preventiva, la ayuda llega tarde, y el dolor se acumula.
La tragedia de hoy es doble: llueve del cielo y del poder.
Y entre ambas tormentas, el pueblo mexicano intenta sobrevivir.
Ruindad presidencial
Y mientras tanto, la presidenta —en lugar de aceptar la responsabilidad del Estado— se atreve a llamar ruines a los medios de comunicación que denuncian las omisiones.
Más ruin es, sin embargo, que ninguno de los estados afectados contara con seguros activos para desastres naturales, pese a que los gobiernos sí cobraron las primas y no las pagaron a tiempo.
Esa negligencia, más que la lluvia, es la que cuesta vidas.
