En México, miles de victimas siguen esperando justicia que simplemente no llega. Durante los gobiernos de la Cuarta Transformación (4T) tanto el sexenio pasado, del expresidente Andrés Manuel López Obrador y de la actual presidenta Claudia Sheinbaum, los mexicanos pensarían que las injusticias son menos y quien clama justicia, la recibe. Pero no es así.
La asociación civil México Evalúa presentó en coordinación con tras organizaciones su informe “Radiografía de las fiscalías en México: evaluar para fortalecer la procuración de justicia” en el que pone en evidencia que las fiscalías del país, encargadas de garantizar la justicia enfrentan una crisis.
Uno de los principales problemas es que, de acuerdo a los datos, los casos pendientes -es decir, sin investigarse-, pasaron de 500 mil en 2016 a 2.6 millones al concluir 2024. Así, las investigaciones ni siquiera se han empezado, archivando los casos y “cada expediente que llega día con día se sigue acumulando… Más allá de la cifra, cada una de las carpetas rezagadas representa una víctima que sigue esperando justicia”.
Mariana Campos, directora general de México Evalúa, al presentar el informe, destacó que no son cifras, sino personas, victimas que esperan justicia en México. El estudio analizó el desempeño estructural y operativo de las 32 fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República.
Las fiscalías, con mayor acumulación de archivo temporal se encuentran en primer lugar Jalisco, con 75.95 por ciento; Oaxaca, con 74.45; Ciudad de México, con 56.75; Nuevo León, con 55.54; y Michoacán, con 48.44 por ciento.
Además, según la información, 21 mil 530 casos de violencia familiar se encuentran depositados en el archivo temporal y dos mil 308 corresponden a homicidios a los que no se les ha dado salida.
Por si fuera poco, según denunciaron expertos que elaboraron el estudio, muchas fiscalías en el país, que debieran será autónomas, “no siempre se traducen en autonomía real”. En otras palabras, obedecen a las autoridades estatales, destacando la figura del gobernador. O es este, quien define al fiscal y con mayor razón, se encuentra a su disposición.
La autonomía real debe traducirse en garantizar justicia para las víctimas.
Ana Lorena Delgadillo, especialista en derechos humanos, desaparición y migración, quien participó en un panel tras la presentación del informe destacó que la Fiscalía General de la República y las fiscalías locales tienen una deuda en la aplicación de justicia, basta ver la cantidad de casos que están atorados. “La Fiscalía se dedica a proteger a los amigos y perseguir a los enemigos”, puntualizó.
Con los gobiernos de morena la justicia para los mexicanos se encuentra estancada y no se ven avances. Es necesario que la sociedad civil demande a las fiscalías locales mayor compromiso para garantizar y aplicar justicia a favor de las víctimas, de lo contrario, serán los mexicanos quienes sigan padeciendo las ineficiencias del sistema judicial del país.
Redacción/Itinerario Poblano
