En la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidieron que ya no era “conveniente” seguir arrendando camionetas. El contrato había cumplido su ciclo de cuatro años y, bajo ese argumento, optaron por comprarlas. Hasta ahí, la explicación suena técnica, administrativa, incluso razonable. El problema comienza cuando esa decisión se vende como un acto de austeridad.
Y más aún cuando no compraron las camionetas que ya estaban usando.
Compraron unidades nuevas.
No se trató de aprovechar activos existentes, sino de estrenar parque vehicular con recursos públicos. Eso cambia por completo el sentido del argumento. Una cosa es darle continuidad a lo que ya se tiene; otra muy distinta es desembolsar dinero para adquirir vehículos nuevos bajo el discurso de ahorro.
Porque arrendar y comprar no son lo mismo.
Cuando una institución arrenda vehículos, paga por el uso. Al terminar el contrato, las unidades se regresan y se renuevan. El mantenimiento mayor, la depreciación y la obsolescencia corren a cargo de la arrendadora. Es un gasto operativo, controlado, medible y fiscalmente claro.
Cuando compra, el Estado se queda con el activo, sí, pero también con todos los problemas:
mantenimiento, refacciones, seguros, depreciación acelerada y el hecho inevitable de que en unos años esas camionetas serán viejas, costosas de sostener y tecnológicamente obsoletas. Entonces habrá que volver a comprar.
Eso no elimina el gasto.
Solo lo aplaza y lo concentra.
Y aquí entra la parte fiscal que casi nadie quiere mencionar.
En el arrendamiento, el pago se registra como gasto operativo. Es deducible, transparente y forma parte del costo normal de funcionamiento de la institución.
En la compra, el dinero no se maneja igual. Se convierte en activo. No se deduce como gasto corriente, se capitaliza. En términos prácticos, el recurso sale completo de una sola vez y queda inmovilizado en bienes que inevitablemente perderán valor. No regresa al flujo fiscal, no se optimiza: se congela.
Es decir: no es que no se gaste,
es que se entierra.
Y al tratarse de camionetas nuevas, no de las ya arrendadas, el efecto es todavía más claro: no hay aprovechamiento de lo existente, hay inversión total desde cero. El dinero público se transforma directamente en patrimonio que se deprecia, en fondo perdido a largo plazo.
Eso no es austeridad.
Eso es cambio de forma del gasto.
La austeridad real no consiste en comprar en lugar de rentar.
Consiste en gastar menos en términos totales, no solo distintos.
Y la contradicción se vuelve más evidente cuando al mismo tiempo se presume que los ministros “se bajaron el sueldo”. Puede ser cierto en el ingreso directo, pero el gasto estructural de la Corte no se reduce en la misma proporción:
la nómina sigue siendo pesada,
las áreas administrativas siguen intactas, los costos de operación siguen siendo de élite.
Se baja un rubro visible y se fortalecen otros que no se discuten.
No es austeridad: es maquillaje contable.
Porque si realmente existiera una política de disciplina fiscal, lo lógico sería buscar el modelo que:
Optimice deducciones.
Mantenga costos controlados.
Evite compras masivas que luego se vuelven chatarra institucional.
Permita renovación sin desembolsos brutales.
Reduzca el tamaño real del gasto, no solo su narrativa.
Pero aquí no.
Aquí se prefiere comprar para “poseer”, aunque financieramente sea menos eficiente, menos flexible y más costoso a largo plazo.
Comprar camionetas nuevas y llamarlo austeridad, mientras se evita un manejo fiscal verdaderamente optimizado y se acepta que el dinero quede inmovilizado en activos que se deprecian, no es responsabilidad económica. Es comodidad administrativa con discurso de contención.
Bitácora de lo real:
No es lo mismo gastar menos que gastar distinto.
No es lo mismo deducir un gasto que enterrarlo en activos.
No es lo mismo ahorrar que inmovilizar dinero.
Y no todo lo que se nombra austeridad, lo es.
