El Pleno de la Cámara de Senadores aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amparo que envió la presidenta Claudia Sheinbaum el pasado 15 de septiembre. La propuesta de reforma se justificó en que, hasta ahora, no ha servido para atender a los mexicanos, sino que se ha utilizado en beneficio de políticos y empresarios. Sin embargo, una vez que fue aprobado por la mayoría de senadores morenistas, a la propia mandataria no le agradó, debido a los cambios que le realizaron a su propuesta original, según confirmó en su conferencia de prensa matutina de este jueves.
Ante esto es necesario preguntarse ¿la Ley de amparo es alejado a los ciudadanos? La respuesta es no. Lo que ha pasado es que, los propios ciudadanos desconocen que frente a los abusos del estado y de funcionarios públicos, pueden recurrir a esta ley, en tanto se sigue un juicio legal. Pero es cierto, empresarios y políticos son quienes más han recurrido a este beneficio otorgado constitucionalmente. Lo que no significa, que únicamente los poderosos sean los beneficiados.
El Juicio de Amparo “es el medio de defensa legal en México que tiene por objetivo proteger los derechos humanos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que México es parte”, señala el medio especializado Justicia México. Y añade que “el amparo protege a los ciudadanos frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos que señala la propia Ley de Amparo”.
Diversas voces expertas en derecho coinciden en que eliminar el Derecho de amparo tendrá afectaciones entre los ciudadanos, quienes, frente a los abusos del poder y políticos, no dispondrán de un mecanismo de defensa. “Quizá deba reglamentarse, para evitar los abusos de legisladores y funcionarios, pero eliminarlo es peligrosa y atropellada solución, pues equivale a tirar al niño junto con el agua de la bañera”, afirma José Fonseca, en El Economista.
Pero no solo para los ciudadanos representa un riesgo. El sector empresarial también ha mostrado su inconformidad a la aprobación de la eliminación del juicio de amparo.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) dijo en un comunicado que “el juicio de amparo, creado en el siglo XIX, ha sido un instrumento histórico que permitió a México ser referente mundial en justicia constitucional.
Gracias a él, negocios familiares, micro y pequeñas empresas como loncherías, papelerías, tortillerías, tintorerías o gimnasios han podido defenderse frente a abusos de autoridad. Por ello, cualquier cambio debe fortalecerlo y no restringirlo”.
Aunque esta de acuerdo en la actualización, es decir, con la finalidad de que no sea mal utilizado por políticos y grandes empresarios en su beneficio, “advertimos que persisten disposiciones que limitan derechos fundamentales, ponen en riesgo la certeza jurídica y pueden frenar la inversión y la generación de empleo”. En tanto que reconocen los ajustes realizados al dictamen, como la incorporación del interés legítimo colectivo y las sanciones a autoridades que incumplan sentencias.
Frente a este panorama, es necesario que todos los ciudadanos -principalmente quienes simpatizan con Morena-, acudan a su diputado local, diputado federal, a su senador y por todas las vías, exijan frenar la eliminación de derecho de amparo, pues de lo contrario, todos nos encontraremos indefensos frente al Poder, ahora en manos de Morena.
