El presupuesto federal para 2025 dejó en claro cuáles son las prioridades del nuevo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo. Mientras que salud y educación sufrieron recortes que ponen en riesgo servicios esenciales para millones de mexicanos, los megaproyectos de infraestructura siguen absorbiendo recursos desproporcionados, convertidos en símbolos de poder político más que en soluciones para el bienestar social.
De acuerdo con análisis independientes, el sector salud tendrá una reducción cercana al 11 por ciento respecto a 2024, lo que significa menos recursos para hospitales, medicamentos y programas de prevención. La educación tampoco sale mejor librada: su presupuesto representa apenas 2.9 por ciento del PIB, con un retroceso frente al año anterior.
Son números que se traducen en aulas deterioradas, maestros con apoyos insuficientes y un sistema que seguirá reproduciendo desigualdades.
El contraste es brutal cuando se observa lo que ocurre en paralelo. La refinería de Dos Bocas, inicialmente presupuestada en 8,900 millones de dólares, ya roza los 21 mil millones, sin haber alcanzado todavía su capacidad plena.
El Tren Maya, presentado como motor de desarrollo, multiplicó sus costos hasta quintuplicar la cifra inicial, con impactos ambientales y sociales aún sin resolver.
El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), otro emblema de la 4T, sigue recibiendo inyecciones millonarias a pesar de la baja demanda de pasajeros. Son proyectos que, más allá de su valor estratégico discutible, se han convertido en auténticos elefantes blancos.
La incongruencia es evidente: se sacrifican áreas que garantizan derechos universales y de efecto inmediato —como la salud y la educación— para sostener obras de retorno incierto.
¿Cómo justificar que un hospital carezca de insumos mientras una refinería acumula sobrecostos? ¿De qué sirve inaugurar kilómetros de vías si las escuelas rurales siguen sin agua, electricidad o internet?
En el discurso oficial, la narrativa insiste en que los megaproyectos generarán empleo y desarrollo regional. Sin embargo, los beneficios tardan en llegar y los costos ya están presentes: enfermos sin medicinas, niños en salones improvisados, médicos y maestros trabajando en condiciones precarias. La realidad golpea hoy, mientras las promesas se posponen para mañana.
México necesita infraestructura, sí, pero no a costa de desmantelar sus sistemas de salud y educación. Un país sin hospitales suficientes ni escuelas dignas está hipotecando su futuro, aunque se pavimenten vías férreas o se levanten torres de concreto. La justicia social se construye fortaleciendo lo esencial, no postergándolo para sostener un legado político.
La presidenta Sheinbaum tiene en sus manos la oportunidad de corregir el rumbo. Elegir entre el brillo efímero de las grandes obras o la solidez de un sistema que garantice derechos básicos a su población será la medida real de su gobierno. De lo contrario, los elefantes blancos seguirán creciendo, mientras los hospitales y las aulas se vacían.
