Este jueves, el Pleno de la Cámara de Diputados analiza dos iniciativas enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum en febrero pasado. Se trata de la “Ley General del Sistema de Seguridad Pública” y la “Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública”. El miércoles, fue aprobada en la Comisión de Seguridad.
Durante el sexenio pasado, los legisladores de Morena y el propio el expresidente Andrés Manuel López Obrador intentaron introducir leyes similares, pero fueron rechazadas.
¿De qué trata estas leyes y cuáles son los riesgos? De aprobarse, las nuevas leyes presentadas como “herramientas para combatir la inseguridad”, permite el acceso total a datos personales a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), además, la creación de un registro nacional de usuarios de telefonía móvil.
Las propuestas no son nuevas. En 2008, durante el sexenio de Felipe Calderón, creó el Registro Nacional de Usuarios de Telecomunicaciones, conocido por RENAUT, sin embargo, debido a la intromisión a la privacidad y que la base de datos fue puesta en venta en el mercado negro, finalmente en 2011, fue eliminado.
“La iniciativa también emula al Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil (PANAUT), aprobado en 2020 por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en 2022”, señaló la asociación civil defensora de los derechos digitales R3D.
En un análisis, la organización no gubernamental refirió que las iniciativas en materia de seguridad e inteligencia establecen un nuevo “Sistema Nacional de Información que pretende fusionar información contenida en bases de datos sobre registros vehiculares, datos biométricos, registros inmobiliarios, registros fiscales, datos y registros telefónicos, entre otros, así como cualquier otra base de datos —inclusive en posesión de entes privados— que la persona titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) considere arbitrariamente que permita “extraer indicios, datos y pruebas para las investigaciones”.
Además, consideraron que estas no garantizan una disminución en los índices de inseguridad. Por otro lado, este sistema centralizado de recolección, almacenamiento y procesamiento de datos personales sensibles constituye una medida de vigilancia masiva e indiscriminada de la población, propia de un Estado policial, sin controles democráticos y susceptible de ser abusada incluso por la propia delincuencia que pretende combatir.
Junto a otras organizaciones, como Articulo 19 y SocialTIC, denunciaron que la medida presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca “consolidar una infraestructura tecnológica autoritaria en México para otorgar poderes sin control a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC). Así mismo, hacemos un llamado a cualquier persona comprometida con los derechos humanos a resistir este grave atentado en contra de la privacidad de la población, que la cancela en la práctica y pone a las personas en un riesgo mayor ante la delincuencia que opera fuera y dentro del Estado.
Frente a la estrategia fallida de la actual administración, y que viene arrastrando desde el pasado, la mandataria, no sabe cómo combatir la inseguridad y violencia, por lo tanto, recurre, a medidas desesperadas, que en lugar de abonen a la reducción, la pueden incrementar. Y es que ahora, la Secretaria de Seguridad puede tener acceso a la información de los mexicanos, por lo que, un ciudadano, puede ser inculpado de algún delito.
